El Consejo Regulador denuncia fraude en el vino pero el Gobierno dice que no hay pruebas

¿Quién le pone el cascabel al gato para evitar el fraude en la elaboración y posterior venta del vino? De momento, nadie. El Consejo Regulador ha denunciado de nuevo hoy que se están importando grandes cantidades de uva (se habla de que en estos días puedan llegar a la Isla unos 400.000 kilos) para hacer vino que luego se vende como de La Palma sin serlo, lo que supone un fraude para el consumidor y una competencia desleal para el sector, y que quienes la están importando -el Consejo sabe quiénes son pero no lo denuncia porque dice que es un trabajo que tiene que hacer la Inspección-, están haciendo un negocio redondo porque la traen por 20 o 21 céntimos y luego venden el vino por 80 céntimos o por un euro, ganando mucho más que los viticultores palmeros que sí cumplen con la normativa.

Además, se quejan desde el Consejo de que mucha uva no entra legal porque viene en contenedores que no son controlados por nadie, lo que supone un fraude fiscal, un riesgo sanitario, y una amenaza para el cultivo de la viña por las plagas que puedan introducir.

Precisamente para buscar una solución a esta problemática se celebró una reunión esta mañana entre el director general de Agricultura, Tomás Pino, y el Consejo Regulador de Vinos, que terminó con un acuerdo de intenciones pero no mucho más. Ambas partes acordaron celebrar una reunión regional con todas las organizaciones, en la que se pretende implicar a la Consejería de Hacienda y a la Inspección de Trabajo para hacer actuaciones coordinadas y entre todos intentar que se cumpla la legalidad en la importación de uva y en el consumo de vino

No obstante, el director general fue claro y dijo que si no se ha actuado en La Palma es porque no se ha detectado ninguna ilegalidad, ya que insistió "es perfectamente legal importar uva de la Península tanto para consumo de mesa como para vinificación". Otra cosa, advirtió, es que ese vino se venda como de La Palma si no lo es. "Desde que tengamos una denuncia actuaremos al efecto y además continuaremos con las inspecciones pertinentes", manifestó Pino, que aseguró entender la preocupación del sector.

Tomás Pino garantizó que toda la uva que entra en Canarias está perfectamente controlada fitosanitariamente y que su destino también es conocido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Dijo que con esa uva se hace vino o se vende como de mesa y que donde esa uva o ese vino se declare como de la Isla se actuará de motu propio o por una denuncia, pero que de momento en La Palma no se ha podido comprobar esa circunstancia. "Lo que sí se ha comprobado en La Palma y en otras islas es el fraude en consumo de alguna partida específica porque no cumple las normativas sanitarias. Donde encontremos una irregularidad actuaremos en coordinación con la DO y con cualquier denuncia que tengamos a nivel particular", garantizó.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de Vinos, Juan Crispo, dejó muy claro que dentro de las bodegas inscritas en el Consejo Regulador no entra ni un kilo de esa uva importada, que "son bodegas particulares y negociantes los que se dedican a traer la uva para elaborar vino que se vende a granel y que se dice que es vino de La Palma, de la casa, de la viña, y se enmascara y eso es lo que se está haciendo. Pero el consumidor debe tener en cuenta que cuando va a un restaurante o a un bar y ese vino no está identificado, es un fraude y que esa uva no es de aquí. En este caso, es gente que compra la uva, que la trae, y creemos que con el personal que hay en el muelle toda la uva no entra declarada".

Crispo denunció que si se compran 20.000 kilos es para hacer negocio y "eso nos hace daño porque se vende como de La Palma". "La botella que se ofrece a granel o que se sirve en un bar o un restaurante sin denominación de origen, no es de aquí" y añadió que "ahora existe otra picaresca de comprar dos o tres mil kilos para enmascarar la que viene de fuera; eso es lo que está sucediendo aquí pero no dentro de las bodegas del Consejo, que están sometidas a controles exhaustivos". Crispo reconoció que "todos sabemos quiénes son las personas que lo hacen pero ese es un trabajo que tiene que hacer la Inspección y eso es lo que pedimos". "Nosotros no vamos a denunciar, ese es un trabajo de la Inspección; nosotros vamos a trabajar conjuntamente con los técnicos y la inspección".

El presidente del Consejo Regulador insistió en que el vino que se pone al consumo tiene que estar identificado. "La única diferencia entre un vino de la DO y cualquier otro es que garantiza que es vino de uva producido y elaborado en nuestra tierra y en nuestra bodega. Para eso le ponemos el sello", advirtiendo que "yo no puedo elaborar un producto para ponerlo en el mercado si no tengo mi registro sanitario que no aparece en ese producto". "Ahí es donde hay que actuar", concluyó.