En la democracia moderna, el pueblo es el titular del poder. La voluntad general delega esa autoridad en representantes, escogidos a través de elecciones libres. Durante los años siguientes, los políticos seleccionados por el sufragio universal se encargarán de la cosa pública con el mandato de proteger los derechos de los ciudadanos y de procurar el bienestar de la población. Abraham Lincoln lo definía como el "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" (Gettysburg, 18 de noviembre de 1863).

Sin embargo, una de las principales amenazas para la democracia proviene, precisamente, de quienes ejercen la tarea de gobernar. En primer lugar, porque desempeñan el mando soslayando la ética y, ya sin ese freno, vulnerando la legalidad. En segundo lugar, porque alcanzado este punto de no retorno, los gobernantes se aferran al poder para abusar de su manejo. Es"una experiencia eterna -escribía Montesquieu- que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentre un límite" (El espíritu de las leyes, 1748).

Cuando esta deriva se produce, la democracia se escora hacia una oligarquía, pues, el conglomerado integrado por autoridades, correligionarios políticos, conexiones económicas y apoyos mediáticos aprovecha la gestión del poder para favorecer sus intereses, aún perjudicando los derechos de la mayoría. Los mandatarios convierten, entonces, el "gobierno de la gente" en el "gobierno de su gente".

De un tiempo a esta parte, nuestra comunidad ha mostrado síntomas abundantes de este desvío.

Hace escasas semanas, en la comarca oeste de La Palma, se celebró una concurrida manifestación, capaz de llenar la Calle Real de la ciudad y, posteriormente, envolver la fachada principal del ayuntamiento. La marcha protestaba por la construcción de una planta de aglomerado asfáltico, que un sector estimable de los habitantes de la zona considera nociva para la salud. Pese a la protesta de una multitud cifrada en dos mil personas, las autoridades municipales validaron la licencia para instalar la fábrica de alquitrán. El primer edil argumentó que, de lo contrario, la tesorería municipal tendría que indemnizar al concesionario.

Con esta justificación, el ayuntamiento relegaba la petición de dos mil ciudadanos y se decantaba por los intereses del particular. En palabras del alcalde, prevalecen "los derechos adquiridos de las empresas que llevan años esperando para instalarse en el zona del Callejón" (Diario de Avisos, 3 de febrero de 2010).

Así mismo, entre la salud de los ciudadanos y el cuidado de las arcas municipales, el alcalde dio prioridad a la tesorería, preocupado, según su testimonio, porque "la suspensión de la licencia le costaría mucho dinero al Ayuntamiento" (El Apurón, 3 de febrero de 2010).

El refrán "más vale prevenir que curar" guía los pasos de los ediles a la hora de eludir el daño económico al ayuntamiento, pero ese mismo lema se desvanece como el eco cuando se aborda al riesgo sanitario que la contaminación supone para un tercio de los habitantes del municipio. Es más, en el caso de la polución, los concejales dan la vuelta al refrán y prefieren curar a prevenir. Así, el consistorio elige confiar a profesionales de la medicina la atención de los siete mil vecinos previsiblemente afectados por la suciedad del aire, antes que contratar a profesionales de las leyes para reducir la cuantía de la indemnización.

No es el único desequilibrio. El ayuntamiento evita el perjuicio que la retirada del permiso infligiría al dueño de la industria. Sin embargo, no sopesa el quebranto que la cercanía de una fábrica de piche acarrearía a los pequeños propietarios de casas dedicadas al turismo rural. Como tampoco tasa, la desvalorización que sufrirían las fincas y viviendas de centenares de vecinos.

El gobierno autónomo, concretamente, la Consejería de Industria, apoya a sus correligionarios del municipio palmero y afirma "no encontrar motivo alguno para prohibir la instalación" (El Apurón, 3 de febrero de 2010). En realidad, lo que hace es confirmar que el gobierno no toma en cuenta la salud de la población, ni un considerable rechazo popular, a la hora de tomar decisiones. Porque motivos en contra sí podría descubrir. De hecho, un alto cargo del ejecutivo los halló. En efecto, ante la noticia de que existen cinco colegios, en el radio de contaminación de la planta asfáltica, medios de la Consejería de Educación plantearon la posibilidad de trasladar las escuelas fuera del área de peligro. El riesgo se reconoce, puesto que se apunta la conveniencia de reubicar los colegios (El Día, 23 de enero de 2010). Ahora bien, no se menciona a la fábrica causante del problema. Omisión que llevó a la Asociación de Padres de alumnos de La Palma, a preguntarse "por qué Educación habla de cerrar los centros educativos y no de solicitar la anulación de la licencia de estas industrias" (El Día, 27 de enero de 2010).

Todo apunta a que el gobierno autónomo se decanta por los intereses particulares y se alinea con las autoridades municipales de su mismo signo político, mientras los habitantes pagan los costes sanitarios, ecológicos, educativos, económicos y paisajísticos que entrañan la instalación de una industria contaminante.

Cada vez más políticos de Estados Unidos y, sobre todo de la Unión Europea, propugnan una tercera revolución industrial verde, basada en fuentes de energías limpias y baratas (RIFKIN, Jeremy: Liderando la Tercera Revolución Industrial: la Nueva Agenda Energética de la Unión Europea para el Siglo XXI). Los promotores de esta transformación pretenden conjurar dos grandes peligros que ensombrecen el futuro de la humanidad: una crisis económica de grandes proporciones, causada por el agotamiento de las reservas de petróleo, y la aceleración del cambio climático, debido al uso de combustibles fósiles.

Las autoridades regionales y municipales ignoran esta alternativa y defienden a una industria sustentada en el consumo ingente de derivados del petróleo. De esta forma, convierten los sufragios que recibieron en las últimas elecciones en un cheque en blanco que lanzan como un boomerang contra la salud y, quizás, contra el porvenir de los ciudadanos. En todo caso, dejan en el rincón uno de los principales cometidos de los gobiernos democráticos: salvaguardar los derechos de las personas. El "para el pueblo", con el que Lincoln redondeaba su emotiva definición de la democracia[1]. No en vano, cuando hablamos de salud, todos reconocemos en ella uno de los pilares sobre los que se asienta la felicidad.

El proceso de deterioro de la democracia se torna desabrido cuando las autoridades, inquietas por las críticas recibidas, reaccionan propinando "tonicazos" a los opositores. En este caso, el primer edil reprochó a las asociaciones de padres de alumnos que utilizaran a sus hijos como "escudos" para impugnar al grupo gobernante en el ayuntamiento (El día, 27 de enero de 2010). Y es que, para el poder, los padres no pueden defender a sus hijos, el futuro, porque eso significa discutir el presente, que son ellos...la oligarquía.

[1] El decimosexto Presidente de los Estados Unidos pronunció esas palabras en un momento crítico de la historia de su país (18 de noviembre de 1863). El verano anterior, sobre los campos de la pequeña localidad de Gettysburg, donde hablaba, se había librado la batalla más sangrienta de la guerra civil estadounidense (1861-1865). En tres días de lucha, murieron cincuenta mil soldados de los ejércitos de la Unión y la Confederación. El improvisado discurso de Lincoln cerraba el acto que consagraba aquella tierra como cementerio nacional. La conciencia consternada del presidente solo concebía semejante derroche de sangre y valor si servía para que el "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" no despareciera "de la faz de La Tierra".