Que no. Que esta no es una crisis económica. La llaman así para despistar al personal. Por encima de todo, esta es una crisis moral. El problema viene de lejos, de otro estrato de la realidad que no se corresponde exactamente con el galimatías de los expertos en finanzas. En cualquier caso, no cuesta entender por qué nos confundimos con la nomenclatura y con las estrategias de análisis, tan insistentes entre los periodistas que dan la cara en medios de comunicación escrita o audivisual. Hay crisis, en efecto, y resulta dañina, sin duda, pero no nos engañemos, nace más allá del parqué bursátil. Como esa gotera que en un principio intentamos arreglar picando donde asoma el agua cuando en verdad tiene su origen a varios metros de distancia. Pregúntenle a cualquier fontanero con experiencia. Antes de empezar el estropicio hay que averiguar dónde demonios se encuentra la rotura de la cañería.

            Claro que conviene revisar con lupa los desajustes del sistema económico -eso no se discute-, pero a la vez urge remangarse lo suficiente para acabar con los agujeros negros de la Administración, enturbiada por las falacias de un discurso político torticero, partidista, cortoplacista, cuyo primer objetivo  se desentiende del bienestar de la ciudadanía. Ahí tenemos el aparato judicial, sacudido como un juguete roto por intereses muy concretos de las directivas del PP y del PSOE, tanto monta-monta tanto. Si los magistrados del Tribunal Constitucional andan como andan, intercambiando cromos y bailando la jota al son que les marcan, qué podemos esperar de todo lo demás. El poder judicial no puede exponerse así, de forma tan grosera, a los bandazos del politiqueo de salón: la gente, el pueblo o como ustedes quieran llamarlo necesita tener confianza en la justicia para tomar conciencia de que los platos rotos los pagamos todos sin excepción.

            Ay, los platos rotos.

            Hace un par de meses acudí a las oficinas de Hacienda para cumplir con el deber anual de contribuyente, faltaría más. Allí nos arremolinábamos en respetuoso silencio decenas de españoles con los papeles en regla, todos arrimando el hombro de acuerdo con lo que estipula la ley, y mientras aguardábamos nuestro turno nos mirábamos con complicidad de corderillos listos para el degüello. Como en medio de una revelación compartida, en aquel momento nos sentíamos responsables de nuestro propio destino al tiempo que un gusanillo reptaba en nuestro interior recordándonos cuán injusto había sido el Gobierno al aprobar una amnistía fiscal que sólo puede beneficiar a una panda de mamalones con los bolsillos llenos. ¿Qué ejemplaridad hay en esa medida? ¿Qué se demuestra perdonando a quienes evaden grandísimas cantidades de dinero? La respuesta es bien sencilla: la democracia, al menos en España, cojea de la pata que más desequilibra, la pata que más cocea contra los honrados, la pata de palo de los piratas amorales que pasan por encima de las instituciones sin importarles el perjuicio causado ni sus consecuencias.

            Más madera: esta misma semana descubrimos que el Ministerio de Hacienda está dispuesto a dar todas las facilidades a los defraudadores para que se acojan a la amnistía fiscal -hasta ahora un fiasco porque no ha dado los frutos esperados: ninguna gran fortuna se ha acogido aún a este proceso-. Según nuevas normas de última hora, la Dirección General de Tributos se conformará con que tribute el 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos, que son sólo tres, manteniéndose la exención de intereses y recargos. Esto supone que habrá evasores que se limitarán a pagar -si se dignan acogerse a la amnistía- menos del 1% de todo lo defraudado.

          ¿Es esto justo? ¿No les recuerda a los vergonzosos abusos que aumentaban el desequilibrio social durante el Antiguo Régimen?

           ¿De qué estamos hablando, entonces? ¿De hundimiento económico o de hundimiento moral?